La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el vicepresidente (e) de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, Iván Humberto Baquero Susa, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI- para brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país, por 8.375 millones de pesos. 

El órgano de control también abrió investigación a los gerentes de Proyectos de la misma entidad, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.

El Ministerio Público busca establecer si el objeto del contrato, así como la destinación de los productos que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos territoriales como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca. 

Para la Procuraduría, se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI planear ni modificar.

“Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó el Ministerio Público. 

La Procuraduría también investiga si los funcionarios pudieron incurrir en una infracción a la Ley de Contratación, pues entregaron de manera directa la ejecución de los trabajos a la SCI cuando lo procedente era convocar un concurso de méritos, dadas las obligaciones y fines de las actividades que se debían realizar. 

Además, se habría presentado una falta de planeación, pues aparentemente no se realizó un análisis a profundidad que justificara el valor fijado, así como tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos, cantidad que para el Ministerio Público resulta extraña a esta clase de contratos y que fue dejada al criterio del contratista. 

Señalaron que los tres investigados pueden solicitar ser escuchados en versión libre si así lo solicitan, en ejercicio de su derecho de defensa.